Sentencia de Arkaute: toda la policía municipal debería saber euskara, están en juego los derechos de la ciudadanía

Ayer supimos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado que la bolsa de trabajo conjunta de 2022 de ayudantes de policía municipal en los municipios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa demande el conocimiento del euskara, argumentando que es “discriminatoria». Para ello, utiliza como argumento la nueva jurisprudencia que se ha ido desarrollando a través de la ofensiva judicial contra el proceso de normalización del euskara, en concreto la sentencia del caso de la Policía Municipal de Irun de 2021.

Así, el Euskalgintzaren Kontseilua ha denunciado que con estas sentencias el poder judicial está modificando las reglas de juego de las políticas lingüísticas, reduciendo los límites de la oficialidad del euskara y, por tanto, obstaculizando el proceso de normalización y perjudicando los derechos de los ciudadanos.

Entre otras cosas, la sentencia señala que es «desproporcionado» que se solicite el conocimiento del euskara todos los candidatos de la bolsa de trabajo, pero como consecuencia de esta sentencia no será necesario para ningún puesto de trabajo saber euskara. Euskalgintzaren Kontseilua ha señalado que esto es muy grave, especialmente teniendo en cuenta la evidente dificultad de sustituir a los puestos que tienen perfil de euskara. Es más, se trata de un servicio público que atiende a la ciudadanía cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y es que, teniendo en cuenta la relación directa de la Policía Municipal con el ciudadano, la importancia de sus deberes relacionados con la seguridad ciudadana, la falta de conocimiento del euskara por parte de un solo agente puede condicionar el servicio completo y los derechos e integridad de las propias personas.

Vulneraciones continuadas de derechos a la ciudadanía euskaldun

En este sentido, el Observatorio de Derechos Lingüísticos ha recordado en varias ocasiones las continuas vulneraciones de derechos lingüísticos que sufren los ciudadanos en sus relaciones con la Policía Municipal: no ser atendidas en euskara, respuestas únicamente en castellano, desprecios por querer comunicarse en euskara, obligarles a hablar en castellano…

Eliminar la exigencia de conocimiento del euskara a los puestos de trabajo de la administración es eliminar la calidad y la responsabilidad social de los servicios públicos. Por lo tanto, la única manera de garantizar los derechos de toda la ciudadanía es que los empleados públicos conozcan también el euskara, en la medida en que es una lengua oficial y propia del País Vasco. No hay que olvidar que la ley ya establece la obligación de conocer el castellano.

Por último, Kontseilua ha señalado que esta sentencia va en contra de lo establecido en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias cuando la propia sentencia considera que pedir el conocimiento de euskara es «discriminatoria para los castellanohablantes». Por un lado, porque todos los ciudadanos vascos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa son también castellanoparlantes y, por otro, porque la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, firmada en 1992 y ratificada en 2001, que tiene plena y ejecutiva validez jurídica, señala claramente en su artículo 7.2: «La adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas.»

Por ello, a pesar de los obstáculos que se establezcan desde los juzgados para avanzar en la normalización del euskara, Kontseilua hace un llamamiento a los partidos políticos para que apuesten por la plena normalización del euskara y por garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Además de que le den la centralidad que le corresponde a la cuestión lingüística y adopten los compromisos y medidas que exige el proceso de normalización. En concreto, a través de las propuestas realizadas en los últimos meses por los juristas expertos, y teniendo en cuenta los modelos de Cataluña y Galicia, se modifique el paradigma de los criterios lingüísticos de la administración pública para que el castellano no sea la única lengua obligada al empleo público. Esta es la forma de protegerse frente a la ofensiva y avanzar en la igualdad lingüística.