La actitud de las distintas administraciones sigue siendo contraria a sus obligaciones
En marzo de 2023 se cumplieron 25 años de la entrada en vigor de la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias (Eurocarta). La Carta, que tiene como objetivo proteger y promover las lenguas minoritarias europeas y los 25 Estados que ratificaron la carta –ratificado por el Estado español en 2001–, han de promover activamente el uso de estas lenguas en ámbitos como la educación, la justicia, la administración, los medios de comunicación, la cultura y el ámbito socioeconómico, entre otros. De conformidad con el artículo 15 de la Carta, los Estados firmantes deben realizar evaluaciones periódicas para el Consejo de Europa sobre la aplicación de las recomendaciones de la Carta. En agosto, el Gobierno central remitió un informe explicativo de los pasos dados o medidas adoptadas en el periodo 2017-2021.
En esta sexta evaluación, los expertos del Consejo de Europa deberán realizar una valoración teniendo en cuenta el informe remitido por el Gobierno y las lecturas y recomendaciones realizadas por los agentes sociales de cada lengua. De este modo, el Observatorio de Derechos Lingüísticos-Behatokia y Euskalgintzaren Kontseilua han elaborado un informe propio sobre la situación de Navarra y la CAPV, que esta semana será remitido al Comité de Expertos Europeo, tanto de la valoración sobre el informe emitido por el Gobierno de España como de diferentes recomendaciones de las entidades Behatokia y Kontseilua.
Modificaciones legislativas, compromisos incumplidos y falta de instrumentos
La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha explicado que «aunque tenía que poner en marcha las medidas inmediatas que desde Europa se impusieron al Estado español tras la 5ª evaluación, sigue reiteradamente sin cumplir dichas recomendaciones. Hay que tener en cuenta que la aplicación de estas recomendaciones inmediatas emanadas tanto de la Comisión de expertos como del Consejo de Ministros Europeos deberían suponer modificaciones en la legislación del Estado español».
Eskisabel ha recordado que lo más importante de los cambios a realizar es el ámbito de la justicia. «La posición del Estado español sigue siendo contraria a sus obligaciones. Como han advertido en numerosas ocasiones desde Europa, la ley orgánica del Poder Judicial choca con lo establecido en el artículo 9 de la carta, es decir, que se garantice que, a petición de una de las partes, que los procedimientos penales y civiles se puedan realizar en nuestro caso en euskera, pero en ningún caso se garantiza que estos procedimientos puedan realizarse en euskera con todas las garantías y en igualdad de condiciones».
«Asimismo, Behatokia y Kontseilua advertirán una vez más a la Comisión de Expertos que lo establecido en la normativa española afecta al derecho de la ciudadanía a utilizar la lengua local. Y, por otro lado, les explicaremos que el desconocimiento del euskera por parte de jueces y magistrados/as condiciona la opción lingüística de la ciudadanía».
Agurne Gaubeka, directora de Hizkuntz Eskubideen Behatokia, ha precisado que el informe desarrollado por el Gobierno Español también desarrolla temas como la educación, la administración pública, los medios de comunicación o los realizados en los últimos años en el ámbito económico y social.
«En primer lugar, nos llama la atención que al analizar la aplicación de la Eurocarta el Estado español no tiene en cuenta cuántos incumplimientos se dieron en años anteriores y no se indica claramente si se ha avanzado o no respecto a ellos. Además, no han planteado avances significativos, y algunas medidas han sido parciales y muy superficiales», ha señalado Gaubeka.
Asimismo, algunos de los puntos que se mencionan en el informe chocan con las distintas situaciones recogidas en los informes anuales de Behatokia. De hecho, «los casos que nos trasladan los ciudadanos a través del servicio Teléfono del Euskera ponen de manifiesto que las distintas administraciones que existen en el Estado español en distintos ámbitos no cumplen con lo establecido en la Carta», explica la directora del Observatorio.
En cuanto a la Administración del Estado, se señala que se han puesto en marcha los trabajos de medición de las políticas lingüísticas, pero la realidad es que apenas hay puestos de trabajo en Navarra y en la CAPV capaces de ofrecer servicios a la ciudadanía. Según los datos del propio Gobierno, el conocimiento del euskera en las delegaciones de la Administración del Estado en la CAPV se sitúa en torno al 11% y en el caso de la Comunidad Foral de Navarra en torno al 1%. Por tanto, hay incapacidades evidentes para garantizar los servicios en euskera a la ciudadanía.
En cuanto a la administración electrónica, el informe presentado por el Estado Español señala que el 100% de los documentos, plantillas, señalética, anuncios u otros soportes de las administraciones del Estado están en bilingüe. Pero, como ha señalado la directora de Behatokia, «durante todos estos años han sido cientos los soportes que la ciudadanía nos ha hecho llegar en castellano y algunas diligencias telemáticas o webs todavía no han sido debidamente habilitadas en euskera».
En lo que respecta a la Administración Pública de Navarra, en el propio informe se describe que, más allá de las plazas de profesorado, sólo un 3% son plazas bilingües del Gobierno de Navarra, y que en algunos Departamentos no hay puestos bilingües, lo que supone un importante obstáculo para que en el ámbito del euskera oficial se puedan cumplir las previsiones del Pacto. Otro ejemplo es que todavía sólo el 17% de los procedimientos electrónicos se pueden realizar en euskera, y según los datos recogidos por Behatokia, muchas veces no se pueden realizar correctamente todos los procedimientos en euskera.
«Por último, También queremos denunciar el incumplimiento de los compromisos del apartado a) del III. capítulo del tratado en aquellos ámbitos en los que legalmente el euskera no es oficial en Navarra. A pesar del compromiso de adoptar medidas para fomentar el uso y aprendizaje del euskera en estos ámbitos, entre otras, se obstaculizan las nuevas aperturas de modelos D en educación y se continúa sin garantizar el derecho a estudiar en euskera en la universidad», ha señalado Agurne Gaubeka. También ha subrayado la necesidad de extender la oficialidad del euskera a todo el territorio en la Comunidad Foral de Navarra.
«En cuanto a la CAPV», explica, «Las infracciones que ha recibido Behatokia en los últimos años chocan con las que mencionan en el informe. Y es que, por ejemplo, todos los años se manifiestan deficiencias importantes en la atención en euskera en los ámbitos de la salud o la seguridad, y aunque la ciudadanía manifiesta que quiere relacionarse en euskera, en ocasiones no se les garantiza. También hemos puesto de manifiesto el carácter secundario del euskera en la educación, tanto en la Formación Profesional como en las universidades».
En el ámbito socioeconómico, mediático o cultural del informe, Kontseilua y Behatokia han criticado la falta de medidas eficaces respecto a los compromisos de promoción del euskera. De hecho, en los últimos años han existido innumerables carencias normativas y medidas para garantizar el derecho al uso o consumo del euskera en estos ámbitos, y han denunciado la falta de instrumentos para hacer cumplir los pocos que se han dado.
El sistema judicial en sentido contrario
En el informe que vamos a remitir a Europa, Kontseilua y Behatokia denunciarán la retirada por parte del sistema judicial del Estado de determinadas medidas de fomento de los compromisos del pacto en todo el territorio del euskera y exigirán una advertencia al respecto, recordando que estas decisiones judiciales son contrarias a un principio importante establecido en el artículo 7.2 de la carta. De hecho, el propio Tratado señala claramente que «con el fin de promover la igualdad entre los hablantes de las lenguas minorizadas, las medidas que se adopten a favor del euskera no se considerarán medidas discriminatorias contra los hablantes en castellano».
«Reivindicando este principio, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Euskal Herria a que el 4 de noviembre dé una respuesta firme a las agresiones contra la normalización del euskera en las calles de Bilbao, en una manifestación que partirá de Euskalduna a las 17:00 de la tarde», ratifican Idurre Eskisabel y Agurne Gaubeka.