«Los tribunales han utilizado premisas falsas para cambiar las reglas de juego de la política lingüística»
La semana pasada, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia anuló el requisito de conocimiento del euskara en un proceso de estabilización de agentes de movilidad del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
Ayer, Euskalgintzaren Kontseilua y la asociación de euskaltzales de Donostia, BAGERA, realizaron una concentración frente a los juzgados de Donostia. En ella denunciaron que los jueces han asumido varias premisas falsas, entre otras, que existe una minoría discriminada de hablantes monolingües de castellano, o que el castellano debe protegerse por encima del resto de lenguas. Con ello, criticaron que el poder judicial ha cambiado las reglas de juego de la política lingüística.
Finalmente, en relación con las dos iniciativas legislativas que se debatirán este otoño, el Kontseilua cree que el resultado no puede limitarse a responder a la ofensiva judicial y frenar el retroceso, sino que debe superar el paradigma actual de los perfiles lingüísticos y garantizar que todos los empleados públicos tengan conocimiento del euskera.
A continuación encontrarás la declaración leída al finalizar la concentración.
DECLARACIÓN
–
La ofensiva no tiene tregua. El de Donostia es ya el último de una lista que se está haciendo demasiado larga. Cada vez es más profundo el impacto de la ofensiva; cada vez mayor la dificultad para desarrollar políticas a favor del euskara y de la igualdad lingüística. Sentencia tras sentencia, el poder judicial está desmantelando la propia oficialidad del euskara.
Según ellas, es contrario a la justicia equiparar los derechos de la ciudadanía, poner en cuestión el estatus de privilegio del castellano. Como ejemplo, en esta última sentencia se argumenta «que hay discriminación por no tener conocimiento de una lengua cooficial en un territorio que forma parte de España» en torno a la necesidad de los empleados públicos vascos de conocer el euskara.
A continuación, interpreta así lo que dice el Estatuto de Gernika sobre la discriminación lingüística: «Los españoles no podrán ser discriminados, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por cuestiones de lengua». Y añade: «Y quedando, también claro, que la única lengua que tienen obligación de conocer todos los españoles es el castellano».
Con esto, el tribunal hace suyas tres premisas. Por un lado, que existe una minoría monolingüe castellanohablante discriminada y digna de especial protección. Por otro lado, como consecuencia de la anterior, que las acciones positivas en las políticas lingüísticas dirigidas a corregir la existente asimetría sociolingüística y avanzar hacia una cooficialidad real y efectiva de su lengua minorizada, el euskara, es una discriminación prohibida, precisamente por discriminar a esa minoría monolingüe castellanohablante. Finalmente, que el castellano debe ser protegido, por encima del resto de lenguas, para garantizar su supremacía en todos los ámbitos.
Este es el marco que da por válido el poder judicial: el de la supremacía absoluta del castellano, el de quienes quieren que el euskara siga permanentemente minorizado.
Los jueces han cambiado las reglas de juego de la política lingüística y se está poniendo en cuestión el propio consenso que teníamos hasta ahora. Se trata de un proceso de desoficialización del euskara, y existe el riesgo de retroceder 40 años de avances.
Todo esto llega, precisamente, en un momento en que existe una oportunidad histórica para euskaldunizar la administración. Ahí está, por ejemplo, la propuesta presentada por Euskalgintzaren Kontseilua junto con ELA y LAB, para euskaldunizar la administración en 15 años. En los próximos años se jubilará la mitad de los trabajadores públicos y la generación más euskaldun de la historia vendría a ocupar su lugar. Ahora es el momento, y existen las condiciones para dar el salto.
Al mismo tiempo, hay dos iniciativas legislativas sobre la mesa que se debatirán este otoño. El resultado de ese debate no puede limitarse a responder a la ofensiva y frenar el retroceso. Es imprescindible ofrecer al euskara la nueva arquitectura jurídica que necesita, que supere el paradigma actual de los perfiles lingüísticos y que garantice que todos los empleados públicos sepan el euskara.
Se ha avanzado mucho hasta ahora, pero necesitamos un nuevo paradigma para afrontar los nuevos retos, superar el bloqueo impuesto desde el poder judicial, conseguir de una vez por todas una administración euskaldun y dar el salto desde las lógicas de mera resistencia hacia una verdadera normalización del euskara.
Estamos en una emergencia lingüística, los caminos recorridos hasta ahora no son suficientes. Necesitamos un nuevo impulso que nos permita pasar de la emergencia a una nueva revitalización. El futuro del euskara está en juego. ¡Es la hora de los y las euskaltzales!
Donostia, 17 de septiembre de 2025