Pedimos al Parlamento y al Gobierno Vasco los cambios legislativos necesarios para que los ayuntamientos puedan trabajar en euskera
Hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo ha dado por cerrado el proceso del recurso de casación contra la anulación de dos artículos del Decreto 179/2019, que desarrollaba la Ley Municipal de 2016. En julio de 2023, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a raíz de un recurso presentado por el partido político PP, anuló varios apartados del artículo 18 —que permitía a los ayuntamientos elaborar documentación interna únicamente en euskera—, así como el artículo 33.5, que permitía a los ayuntamientos utilizar exclusivamente el euskera en notificaciones y anuncios dirigidos a la ciudadanía.
Entonces, el movimiento en favor del euskera enmarcó la sentencia dentro de una ofensiva judicial, denunciando que, ignorando la voluntad de la ciudadanía, el poder judicial está asumiendo la competencia de condicionar y restringir la política lingüística.
Asimismo, el Gobierno Vasco anunció que presentaría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia. Ahora hemos sabido que, a petición del PP, el Tribunal ha decidido no admitir a trámite dicho recurso al considerar que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco lo presentaron fuera de plazo, por lo que la decisión se convierte en firme. Consideramos muy grave el error del Gobierno Vasco.
Cabe recordar que en la base de esta decisión está la anulación, en julio de 2023, por parte del Tribunal Constitucional de España —a raíz de un recurso de VOX— del artículo 6.2 de la Ley Municipal de 2016, aprobada con un amplio consenso por el Parlamento Vasco. Dos magistrados del tribunal emitieron votos particulares en desacuerdo con la sentencia, argumentando que suponía un «cambio de doctrina» y que implicaba «el fin del régimen de cooficialidad de los últimos 40 años”. Convocados por Kontseilua, alcaldes de las capitales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y de más de 100 municipios, se realizó una comparecencia pública para denunciar esta sentencia contra la normalización del euskera. Ese mismo año, el 4 de noviembre, decenas de miles de ciudadanos tomaron las calles de Bilbao en una manifestación para protestar contra la actitud de los tribunales.
Debemos subrayar que esta sentencia deja totalmente desprotegidos a los ayuntamientos en lo que respecta a la posibilidad de realizar diversas actuaciones únicamente en euskera. Aunque esta decisión afecta a todos los ayuntamientos, perjudica especialmente a aquellos situados en zonas donde el euskera es mayoritario —como los pertenecientes a UEMA—, donde ya se realizaban numerosas actividades priorizando el uso del euskera.
Esta resolución condena al euskera a ser una lengua de segunda y convierte a los hablantes de euskera en ciudadanos de segunda, impidiendo implementar políticas lingüísticas adecuadas para afrontar los grandes retos de futuro en la normalización y revitalización del euskera. Conscientes de la gravedad de la situación, desde Kontseilua hacemos un llamamiento al Parlamento Vasco y al Gobierno Vasco para que faciliten los cambios legislativos necesarios que garanticen el derecho de los ayuntamientos a funcionar en euskera. Asimismo, hacemos un llamamiento a los ayuntamientos a seguir avanzando en la normalización del euskera y en los derechos lingüísticos de la ciudadanía y del personal municipal.
Por último, Kontseilua recuerda que próximamente se espera otra sentencia similar. Se trata del recurso presentado por el partido VOX contra el mismo Decreto 179/2019. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló diez puntos del decreto, entre ellos: que los empleados públicos iniciaran su intervención en euskera, contenidos avanzados en los procesos de contratación pública, y el reconocimiento del euskera como lengua de trabajo y de servicio de la administración. El asunto está en manos del Tribunal Supremo, y aunque aún no ha sido resuelto, se prevé que la decisión sea igualmente reaccionaria en línea con las anteriores resoluciones.
Por todo ello, Kontseilua hace un llamamiento a la ciudadanía, agentes sociales, sindicatos, partidos políticos y ayuntamientos que creen en la normalización del euskera y en la defensa de los derechos lingüísticos, para dar una respuesta unitaria y firme ante esta resolución.