Sentencia de Barakaldo: nuevo golpe contra los derechos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acaba de emitir una sentencia aceptando la petición de CCOO. Según la sentencia, el Ayuntamiento de Barakaldo no podrá establecer perfiles de euskera a trabajadores de empresas privadas que vayan a ofrecer los servicios municipales. Euskalgintzaren Kontseilua, organización que aglutina los agentes sociales a favor del euskera, ha calificado de «muy grave» la sentencia porque «perpetúa las vulneraciones de los derechos de la ciudadanía cada vez que se adjudican los trabajos de la administración a una empresa externa». Kontseilua ha denunciado que, como consecuencia de esta decisión, se pondrán aún más trabas a las personas que quieran vivir en euskera.

Apoyo y petición al alcalde del Ayuntamiento

Kontseilua considera muy importante que cuando las instituciones públicas contraten a empresas que presten servicios se establezcan criterios lingüísticos, por lo que aplaude el criterio establecido por el Ayuntamiento de Barakaldo.

Por ello, la secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha remitido una carta a la alcaldesa del Ayuntamiento de Barakaldo. La misiva tiene dos objetivos: por un lado, mostrar su apoyo a la decisión adoptada por el Ayuntamiento. Y es que la ciudadanía tiene derecho a recibir en euskera todos los servicios de las administraciones públicas, y para asegurarlo es necesario que las empresas privadas que presten los servicios públicos ofrezcan garantías de que estos servicios serán prestados en euskera. En este sentido, los criterios lingüísticos establecidos por el Ayuntamiento en los contratos eran los adecuados. «Debemos recordar que en este caso la situación jurídica del contratante no es la del ciudadano particular, sino la del servicio administrativo gestor. Porque, aunque el servicio público lo preste la empresa privada, la persona que es atendida sigue siendo dueña de todos los derechos, incluidos los derechos lingüísticos. Por tanto, también debe garantizar los derechos de los y las euskaldunes, por lo que es perfectamente legal y legítimo que la administración exija el conocimiento del euskera en los contratos para garantizar los derechos de toda la ciudadanía» explica Eskisabel.

En segundo lugar, Kontseilua pide a la alcaldesa de Barakaldo que interponga un recurso: «Sabemos que el poder judicial no suele ser compañero de viaje, pero el tribunal ha emitido una sentencia muy débil. De hecho, el tribunal se basa en una sentencia de 2014, pero no ha reparado en la normativa vigente desde entonces, en concreto en la Ley Municipal de 2016 y en el Decreto 179/2019. Por ello, creemos que jurídicamente también debería ser contestada, es más, contará con todo el apoyo del Consejo en caso de prospera», ha dicho.

De hecho, debemos tener en cuenta tanto la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco, como el Decreto 179/2019, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, aprobado por el Gobierno Vasco en desarrollo de la anterior. En dicho Decreto se recoge expresamente en los puntos 3, 5 y 8 del artículo 36 que en los contratos se incluirán las cláusulas necesarias en cada caso para garantizar a la ciudadanía el acceso a las actividades o servicios contractuales en las mismas condiciones lingüísticas que las exigidas a las entidades locales, así como la regulación de la oficialidad lingüística del euskera y del castellano. La normativa vigente permite establecer cláusulas lingüísticas que garanticen los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Más concretamente, recoge la necesidad de dotar a los puestos de trabajo de personal con aptitud para el desempeño de las dos lenguas oficiales, cuestión a la que no se ha prestado atención en la sentencia.

El poder judicial está haciendo política lingüística

La secretaria general de Kontseilua ha insistido en que lo que se viene denunciando desde el movimiento a favor del euskera en los últimos meses, y es que el poder judicial está haciendo política lingüística. «Una vez más, los jueces han ignorado las normativas vigentes, en detrimento de los y las vascohablantes. La sentencia debe entenderse en el marco de la judicialización de la política lingüística que venimos denunciando en los últimos meses. De hecho, se está haciendo aún más restrictiva la lectura de la oficialidad y de las consecuencias jurídicas de la oficialidad actualmente establecida, tanto a través de las sentencias como de la jurisprudencia: como ejemplos, el caso de Irun y el de Laudio. Por esta vía, se pretende restringir aún más los derechos de los y las vascohablantes a través de una lectura más reducida de la oficialidad del euskara».

Así las cosas, la secretaria general de Kontseilua ha insistido en la necesidad de responder desde la unidad: «Kontseilua ya había dicho que iban a venir más golpes de los juzgados y hoy hemos tenido otro. Lamentablemente, también vendrán más y debemos hacer frente común. En consecuencia, Kontseilua volverá a activar el planteamiento de una dinámica de respuesta conjunta ante este tipo de intervenciones judiciales para implicar en la respuesta a los agentes sociales, políticos y sindicales», ha añadido.

Por último, Kontseilua recuerda dos propuestas que presentó en 2022 relacionadas con el tema. La primera recoge medidas concretas y factibles para euskaldunizar el sector público de la CAPV, que fueron consensuadas junto a la mayoría sindical vasca. La segunda recoge propuestas estratégicas para promover la euskaldunización de la población adulta en el camino de la universalización del conocimiento del euskera, desarrolladas en colaboración con los agentes del sector.