La sentencia del Tribunal Superior de Navarra pone de manifiesto las carencias del Decreto de Méritos

La semana pasada conocimos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en relación con el Decreto Foral 97/2024, conocido como Decreto de Méritos. Gracias al recurso presentado por los sindicatos ELA y STEILAS, el tribunal ha anulado los artículos 4.1 y 4.2 del decreto, ya que permitían asignar puntuaciones sin límite a lenguas extranjeras como el inglés, el francés y el alemán para determinados puestos, mientras se mantenía limitada la puntuación correspondiente al euskara.

Lamentablemente, el tribunal no ha aceptado otras solicitudes presentadas por los sindicatos, como la de valorar el conocimiento del euskara en todos los puestos de los servicios centrales de Navarra o en la zona “no vascófona” establecida por ley, ni la relativa a la autonomía de los ayuntamientos para determinar el valor del conocimiento del euskara en sus puestos. En cualquier caso, Kontseilua aplaude la iniciativa de ELA y STEILAS, entre otras cosas porque ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno al Decreto de Méritos y las vulneraciones de derechos que este conlleva.

Kontseilua ha recordado que este decreto es consecuencia de una sentencia euskarafóbica y regresiva. En efecto, en octubre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló los artículos 31, 35 y 39, así como la disposición transitoria cuarta del Decreto Foral 103/2017, a raíz de un recurso interpuesto por los sindicatos UGT y AFAPNA. Dichos contenidos anulados permitían valorar el conocimiento del euskara en toda Navarra y en todos los puestos, por ejemplo, en Osasunbidea o en los servicios centrales que ofrecen atención a toda la ciudadanía navarra.

El vacío provocado por aquella sentencia se prolongó durante cinco años, tiempo en el que en cientos de puestos públicos de las zonas “mixta” y “no vascófona” se han valorado como mérito lenguas extranjeras como el alemán, el francés o el inglés —y parece que así seguirá siendo en varios puestos—, pero no el euskara, lengua propia de Navarra. En principio, el Decreto Foral 97/2024 venía a cubrir ese vacío de años, pero llegó totalmente vacío de contenido, incluso dando pasos atrás en ámbitos que no habían sido anulados por la sentencia de 2019. Como consecuencia, el movimiento euskaltzale y distintos agentes sociales denunciaron públicamente que dicho decreto desprecia el euskara y a las personas euskaldunes, y exigieron al Gobierno de Navarra un nuevo decreto que garantice los derechos de toda la ciudadanía navarra.

Ahora bien, esta sentencia ha puesto de manifiesto varias carencias del Decreto de Méritos, aunque no haya reconocido otras igualmente fundamentales. Así, Kontseilua llama a los partidos políticos a aprovechar esta oportunidad para que la reescritura del decreto no se limite a corregir aspectos superficiales, sino que marque el primer hito en el camino hacia un cambio que reconozca todos los derechos a todas las personas navarras. Que el “Gobierno del Cambio” lo sea también para el euskara.

El euskara, de hecho, se encuentra en una situación de emergencia, especialmente visible en el caso de Navarra. Según la proyección sobre los espacios de uso del euskara para el año 2036 elaborada por Siadeco a petición de UEMA, si no se ponen en marcha políticas lingüísticas eficaces, se revertirá el crecimiento del número de euskaldunes registrado desde 1991, entrando en una fase de retroceso tanto en términos relativos como absolutos. Es decir, si no se produce un cambio, existe el riesgo de pasar de una fase de fortalecimiento a una de desaparición.

Por ello, Kontseilua ha señalado que no basta con corregir el Decreto de Méritos. El problema de fondo radica en la zonificación lingüística establecida por la Ley del Euskara de 1986 (la antigua Ley del Vascuence), amparada por el Amejoramiento de 1982, que vulnera sistemáticamente los derechos de miles de navarros y hace inviables las políticas necesarias para la normalización y revitalización del euskara.

No solo el movimiento euskaltzale, sino también la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, los Informes de Evaluación del Comité de Expertos y el propio Consejo de Ministros del Consejo de Europa han pedido reiteradamente al Gobierno de Navarra que ponga fin a las limitaciones que impone la zonificación. Las consecuencias de la falta de oficialidad son evidentes en la revitalización de una lengua. Basta comparar, con los datos de la encuesta sociolingüística, la evolución del euskara en Vitoria-Gasteiz e Iruñea: ambas ciudades partían de una realidad similar en 1991 —8% de euskaldunes en Gasteiz y 6% en Iruñea—, pero según los datos de 2021, los porcentajes son del 29% en Gasteiz y del 12% en Iruñea. Y la diferencia seguirá aumentando, ya que el 79% de los menores de Gasteiz saben euskara, frente al 29% de los de Iruñea.

Navarra cuenta con una amplia comunidad euskaldun y euskaltzale, así como con una red sólida de agentes sociales que trabajan día a día en todo el territorio. Sin embargo, no se aborda de raíz la obligación de seguir fomentando la enseñanza y el uso del euskara, como evidencia este decreto. Por si fuera poco, según los resultados publicados recientemente por Eusko Ikaskuntza, el 63% de la ciudadanía navarra apoya políticas lingüísticas a favor del euskara, y la mitad considera que la administración debería hacer más en este ámbito.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que este año la Ley del Euskara cumple 39 años, Kontseilua pondrá en marcha un trabajo específico para situar en el centro del debate sobre el Amejoramiento la cuestión del euskara y el fin de la zonificación. Este proceso comenzará el 15 de diciembre en Iruñea, con una movilización para reclamar el fin de la zonificación, que se materializará el 27 del mismo mes en Bilbao y se extenderá a lo largo de 2026, con motivo, entre otros, del 39º aniversario de la zonificación, para que sea el último y se ponga en marcha una nueva revitalización que el euskara necesita.