Convocan una concentración a favor de los derechos de trabajadores y de la ciudadanía ante las últimas sentencias contra el euskara
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 3 y 6 de Bilbao han anulado los procesos de estabilización, promoción y adjudicación de 227 plazas de la Diputación Foral de Bizkaia al considerar que la exigencia del conocimiento del euskara es «discriminatoria». En concreto, han sido anulados el Acuerdo de la DFB del 17 de mayo de 2022 (proceso de estabilización de 77 plazas) y el Decreto Foral 263/2022 (promoción de 150 plazas y convocatoria de 18 nuevas plazas). Las sentencias llegan cuando la adjudicación de los puestos de trabajo estaba a punto de finalizar, poniendo en cuestión el futuro de más de doscientos trabajadores que iban a acceder a un puesto de trabajo público.
Sentencias que se valen de la jurisprudencia de la ofensiva
Euskalgintzaren Kontseilua ha situado estas últimas sentencias en el marco de la ofensiva judicial contra la normalización del euskara. Considera muy preocupante que declare «discriminatorio» pedir el conocimiento de las dos lenguas oficiales para ser empleado público, algo que solamente se considera con el euskara. Para llegar a esa afirmación, contraponen a las y los candidatos vascoparlantes contra los monolingües, sin tener en cuenta que todos los vascoparlantes conocen también el castellano, que son capaces de trabajar y de garantizar la relación en ambas lenguas, a diferencia de las personas monolingües que aún no han aprendido el euskara.
Los jueces, además, se valen de la nueva jurisprudencia que han ido desarrollando a través de la ofensiva judicial contra el proceso de normalización del euskara, las sentencia contra la Fundación Uliazpi (recurrida) y contra la convocatoria de policías municipales de Irun.
Tal y como advirtió Kontseilua en su momento, la sentencia de Uliazpi realizó una doble lectura restrictiva del índice de obligado cumplimiento del Decreto 86/1997. Por un lado, fijando el índice como techo máximo, en contra de la sentencia del TSJPV nº 549/2011 que la estableció como mínimo. Por otro lado, comparó este índice con el porcentaje de puestos de trabajo con perfil lingüístico en cada convocatoria, cuando el antiguo decreto dice que hay que tener en cuenta todos los puestos de trabajo de cada administración o institución. Con todo ello, las recientes sentencias ponen de manifiesto un cambio en la doctrina sobre la política lingüística, imponiendo una política de hechos consumados, aunque las sentencias todavía no sean firmes.
Kontseilua ha reivindicado reiteradamente que ya es hora de superar el esquema de perfiles lingüísticos y el índice de obligado cumplimiento. Sin embargo, el nuevo decreto aprobado la semana pasada no recoge la vocación de dar un salto en la normalización del euskara. Además, refleja los límites impuestos por la ofensiva judicial y no garantiza protección jurídica suficiente ante el mismo. Por ello, varios agentes sociales y sindicales, entre ellos Kontseilua, lo calificaron de «oportunidad perdida».
Sólo es “excesivo» pedir el euskara
Una vez más, aunque en el 100% de las plazas públicas el castellano es obligatorio, los jueces consideran que sólo es “excesivo» pedir el conocimiento del euskara. A pesar de la permanente vulneración de los derechos lingüísticos de los vascoparlantes en la administración pública, pedir el conocimiento del euskara para algunos puestos de trabajo es “discriminatoria» para con los monolingües. Y a través de esta interpretación restrictiva del índice de obligatoriedad, se establece un techo de cristal al proceso de normalización del euskara, rompiendo la igualdad lingüística y poniendo en cuestión la propia oficialidad del euskara que hemos conocido hasta ahora.
En las sentencias, los jueces llegan a afirmar que en la Diputación Foral de Bizkaia los derechos lingüísticos de la ciudadanía están plenamente garantizados, aunque los datos muestran lo contrario. De hecho, las numerosas quejas recibidas por el Observatorio de Derechos Lingüísticos (Behatokia) expresan lo contrario: la imposibilidad en distintos departamentos de recibir la atención en euskara tanto presencia como telefónica, obligar a ciudadanos/as a hablar en castellano, colocar carteles, guías y documentación únicamente en castellano, responder en castellano sin respetar la elección lingüística de la persona atendida, etc. Los derechos lingüísticos, además, no se limitan a las meras relaciones con la administración, sino que incluye el derecho de los y las trabajadoras a trabajar en euskara.
Por último, cabe destacar que estas sentencias perjudican a 227 trabajadores en fase de estabilización de sus puestos de trabajo. Por lo tanto, la ofensiva judicial perjudica no sólo los derechos de la ciudadanía, sino también los de los y las trabajadoras.
Llamamiento a sumarse a la concentración
Euskalgintzaren Kontseilua ha mostrado su apoyo a la Diputación Foral de Bizkaia para recurrir las sentencias contra la normalización del euskara y llevar el proceso hasta el final. Asimismo, ELA, LAB y Kontseilua han convocado una concentración de denuncia el próximo miércoles 6 de marzo a las 12:00 horas frente al Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia (Gran Vía 25, Bilbao) y anima a participar a todos los agentes sociales, partidos políticos, sindicatos y particulares que creen en la defensa de los derechos lingüísticos.
Por último, Kontseilua ha expresado la necesidad de un amplio acuerdo sociopolítico para dar un salto en las políticas lingüísticas a favor del euskara y se compromete a trabajar en esa dirección.